La suspensión de la pena es facultativa, pero su análisis de procedencia es obligatorio

La Corte Suprema, en la Casación N.° 268-2024-Ayacucho, estableció como criterio que la suspensión de la ejecución de la pena, aunque constituye una facultad discrecional del juez y no un derecho del condenado, exige un análisis obligatorio de procedencia cuando la pena concreta se encuentra dentro de los límites legales y la norma vigente resulta más favorable al reo. El juez tiene el deber de evaluar, de forma individualizada, objetiva y debidamente motivada, si la pena efectiva resulta indispensable para evitar la reiteración delictiva o si los fines de la pena pueden cumplirse mediante el control en libertad.

LA SUSPENSIÓN DE LA PENA ES FACULTATIVA, PERO SU ANÁLISIS DE PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO [CASACIÓN N.° 268-2024-AYACUCHO]

La Corte Suprema, en la Casación N.° 268-2024-Ayacucho, estableció como criterio que la suspensión de la ejecución de la pena, aunque constituye una facultad discrecional del juez y no un derecho del condenado, exige un análisis obligatorio de procedencia cuando la pena concreta se encuentra dentro de los límites legales y la norma vigente resulta más favorable al reo. El juez tiene el deber de evaluar, de forma individualizada, objetiva y debidamente motivada, si la pena efectiva resulta indispensable para evitar la reiteración delictiva o si los fines de la pena pueden cumplirse mediante el control en libertad.

El colegiado indica que “[6.13] la suspensión de la ejecución de la pena es un mecanismo de sustitución o medida alternativa a las penas privativas de libertad de corta duración –no un derecho del condenado–, así como un beneficio de política criminal orientado a fines de prevención especial, que busca apartar al delincuente primario de los efectos desocializadores de las cárceles de corta estancia, incentivando su reinserción social a través del control en libertad. Por tanto, de verificarse que la pena concreta a imponerse se halla dentro de los límites para su aplicación, debe efectuarse el análisis correspondiente. [6.14] El texto reformado del artículo 57 del Código Penal expresa una concepción moderna de la pena, en la que la pena efectiva debe reservarse para los casos en que resulte necesaria desde una perspectiva preventiva y resocializadora. [6.15] Esto no opera automáticamente, es una facultad discrecional del juez, quien debe examinar si procede en el caso concreto, y requiere un juicio de probabilidad favorable [...]. [6.16] En caso contrario, el juez debe explicar por qué las condiciones personales del procesado impiden una prognosis favorable [...]. [6.17] El juez debe realizar la prognosis de manera individualizada, motivada y objetiva, evitando fundamentaciones basadas exclusivamente en la gravedad abstracta del delito, debe determinar si la ejecución efectiva de la pena es necesaria para evitar la reiteración delictiva y alcanzar la resocialización. [6.19] Lo que no es facultativo es el omitir tal análisis a partir de la ley vigente, si esta es más favorable al reo. [...] [6.22] En el caso, el texto del artículo 57 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo n.° 1585, resultaba más favorable al reo, por lo que el Colegiado Superior debió efectuar el análisis respecto a la suspensión de la ejecución de la pena, en atención a los criterios precedentemente citados y conforme a los términos del artículo 57 del Código Penal, modificados por el referido decreto legislativo.” [F.J. 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19 y 6.22]

 

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