COHECHO: LO RELEVANTE ES ACREDITAR LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, NO LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO LABORAL FORMAL [APELACIÓN N.° 53-2024/CAJAMARCA]
La Corte Suprema, en la Apelación N.° 53-2024/Cajamarca, estableció como criterio que en el delito de cohecho —y en los demás delitos contra la Administración Pública— lo que debe probarse es si el acusado ostenta la condición de funcionario o servidor público. El contrato laboral constituye únicamente un medio de prueba de dicha calidad especial y de la función que ejerce. Por lo tanto, que el contrato CAS COVID no haya sido firmado formalmente por el procesado no impide declararlo responsable por el delito de cohecho.
El colegiado indico que ‘‘Sobre el cuestionamiento a la imputación (señalado en el apartado 6.2. de la presente sentencia), este Tribunal de Apelación comparte la posición desarrollada por la Sala Penal Superior. En efecto, el tipo penal imputado correspondiente al delito de cohecho pasivo impropio, previsto en el artículo 394 del Código Penal, no exige la acreditación de un contrato laboral, sino la exigencia de que el sujeto activo sea un funcionario o servidor público. Esta calidad debe interpretarse según lo señalado en el artículo 425 del Código Penal y la Convención Interamericana contra la Corrupción. En este caso, el representante del Ministerio Público formuló su tesis acusatoria en contra de Huancahuire Aguilar imputándole que a la fecha de la comisión de los hechos era un servidor público que ejercía las funciones de retén habilitado para realizar intervenciones quirúrgicas (cesáreas). El contrato de CAS COVID solo era un medio probatorio que vinculaba al encausado con su calidad de servidor público y la función antes mencionada’’ (fundamento 14.2 y 14.3).
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