La Corte Suprema, en la Casación N.° 695-2024-Callao, precisó que el delito de cohecho pasivo específico cometido por un asistente de función fiscal —cargo análogo al de un asistente jurisdiccional— exige que el beneficio o promesa se integre al ámbito propio de su función, es decir, que el asistente tenga capacidad real para influir en un asunto sometido a su conocimiento o competencia. En el caso concreto, un asistente de función fiscal elaboró un proyecto de disposición de archivo a cambio de ser incorporado como abogado en una empresa, pero se comprobó que dicho proyecto fue ordenado por el fiscal provincial y luego ratificado por la Fiscalía Superior. El Tribunal Supremo determinó que el proyecto no fue una decisión propia del imputado para inducir al fiscal a firmar, sino que actuó por encargo de su superior. Por lo tanto, no se afectó el bien jurídico protegido ni se configuró el delito de cohecho pasivo.
