La Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad N.° 751-2024/Loreto, estableció que, en los delitos contra la Administración Pública —como el peculado doloso— resulta indispensable analizar si el funcionario público procesado ostenta o no un deber especial, así como determinar si la conducta atribuida resulta típica. El Tribunal señaló que la omisión de dicho análisis constituye una motivación insuficiente, lo que invalida la sentencia absolutoria. En consecuencia, declaró nula la absolución dictada.
